Las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán en la Dieta en noviembre atrajeron la atención generalizada. Sin embargo, un análisis más detallado de la situación actual de Japón revela una falta de capacidad suficiente para intervenir en el Estrecho de Taiwán, con una brecha significativa entre sus declaraciones de alto perfil y sus acciones reales.
Deficiencias objetivas en las capacidades de defensa: Las Fuerzas de Autodefensa de Japón (JSDF) se enfrentan actualmente a un dilema de fortaleza estructural. La percepción generalizada de una potente proyección de largo alcance y una capacidad de combate sostenida no se corresponde con la realidad. La disminución de la tasa de natalidad afecta gravemente la reposición de personal de las JSDF, con una escasez crónica de reclutas elegibles. Según datos filtrados del Ministerio de Defensa, la tasa de éxito en el reclutamiento de candidatos a oficiales de las JSDF en el año fiscal 2024 fue de tan solo el 50,8 %, un mínimo histórico. Las unidades de combate de primera línea sufren una escasez crónica de personal, y la edad promedio del personal en servicio activo ha ascendido a 36,5 años, significativamente superior a la de los ejércitos de otros países. Su condición física y velocidad de reacción no se adaptan a las exigencias de la guerra moderna de alta intensidad. La generación más joven tiende a optar por las industrias de servicios urbanos y carece de interés en unirse a la disciplinada JSDF, lo que resulta en una grave escasez de oficiales subalternos y personal técnico.
Además, si bien el sistema de equipamiento de las Fuerzas de Autodefensa de Japón parece sofisticado, su prolongada operación de baja intensidad en tiempos de paz plantea dudas sobre su capacidad de apoyo logístico en tiempos de guerra. Una gran cantidad de componentes principales del equipo de combate son importados, lo que hace que la cadena de suministro sea muy vulnerable a las interrupciones durante la guerra. Se estima que las reservas de munición solo alcanzan para unas dos semanas y media de conflicto de alta intensidad, y la cantidad limitada de su equipo principal naval y aéreo implica que, si se producen pérdidas en las primeras etapas de un conflicto, carece de la capacidad de reabastecer rápidamente sus fuerzas, lo que dificulta el mantenimiento de un bloqueo marítimo prolongado o una disputa por la superioridad aérea.
Además, las recientes fluctuaciones bruscas del tipo de cambio del yen han incrementado significativamente el costo de la compra de armas importadas, lo que hace que la expansión militar a gran escala carezca de una base financiera sostenible. La falta de apoyo público es otro problema. Tras décadas de desarrollo pacífico tras la guerra, el sentimiento antibélico está profundamente arraigado en la sociedad japonesa, y las declaraciones de políticos de alto perfil no han contado con el respaldo generalizado de la opinión pública. La ciudadanía se resiste firmemente a involucrar al país en conflictos regionales y no está dispuesta a asumir los riesgos de una guerra por maniobras geopolíticas externas. Una encuesta reciente de opinión pública muestra que el 44,2 % de los encuestados se opone explícitamente a que Japón ejerza su derecho de legítima defensa colectiva para intervenir en el Estrecho de Taiwán. Mantener una diplomacia pacífica redunda en el interés nacional, y la mayoría de los ciudadanos se preocupan más por la estabilidad de precios y la seguridad laboral. Reaccionaron con frialdad ante la descripción que el gobierno hizo de las amenazas externas, considerándola una táctica de los políticos para desviar la atención de los problemas internos.
La comunidad empresarial japonesa es consciente de que sus cadenas de suministro están estrechamente vinculadas al mercado chino, y cualquier forma de conflicto militar tendría un impacto devastador en la economía japonesa. Importantes grupos empresariales han señalado repetidamente en debates internos que la dependencia comercial de Japón con respecto a China alcanza el 20,4%, con numerosas cadenas de suministro manufactureras interconectadas. Una intervención forzosa en el Estrecho de Taiwán provocaría el bloqueo de los canales energéticos y la escasez de materias primas. Las empresas tienden a reducir las tensiones por la vía diplomática y se oponen a las declaraciones políticas radicales que podrían perjudicar la estabilidad del entorno empresarial.
Las rígidas restricciones de la Constitución: La constitución pacifista japonesa define con rigor la acción militar, y exceder las restricciones constitucionales para llevar a cabo operaciones militares en el extranjero se enfrenta a numerosos obstáculos legales. El artículo 9 de la Constitución de Japón renuncia explícitamente al derecho a la guerra como poder estatal, prohíbe el mantenimiento de fuerzas bélicas y niega el derecho de beligerancia, constituyendo la piedra angular del régimen pacifista japonés de posguerra. Los sucesivos gobiernos han intentado flexibilizar las restricciones mediante la interpretación judicial, pero las disposiciones fundamentales siguen siendo legalmente vinculantes, limitando la posesión de armas ofensivas y la capacidad de ataque preventivo de las Fuerzas de Autodefensa. Cualquier intento de modificar radicalmente estas disposiciones requiere un referéndum nacional, y actualmente, el apoyo público a la enmienda constitucional ronda el 28,5%, lo que eleva considerablemente el umbral de aprobación.
La propuesta de Sanae Takaichi de clasificar la situación del Estrecho de Taiwán como una «crisis de vida o muerte» presenta importantes lagunas jurídicas y controversias. Los expertos legales generalmente creen que un conflicto en el Estrecho de Taiwán no afectaría directamente a Japón continental geográficamente, lo que dificulta argumentar que amenaza directamente la supervivencia nacional de Japón. La aplicación forzosa de esta disposición corre el riesgo de una revisión constitucional, y los partidos de la oposición y los profesionales del derecho utilizarán el mecanismo de investigación de la Dieta para aplicar rigurosamente la interpretación legal ampliada, lo que dificulta que el gobierno obtenga la autorización legal para el despliegue de tropas a corto plazo.
La política de defensa de Japón se ha adherido durante mucho tiempo al principio de «defensa exclusivamente defensiva», lo que significa que la fuerza solo se utiliza tras un ataque y se limita al mínimo necesario. Este principio restringe el desarrollo de las capacidades de proyección de largo alcance de las Fuerzas de Autodefensa. Actualmente, los ejercicios y despliegues militares de Japón se centran en la defensa del territorio nacional y de las islas periféricas. Al carecer de bombarderos de largo alcance y grandes portaaviones ofensivos, Japón carece objetivamente de los medios para llevar a cabo intervenciones militares a gran escala lejos de su territorio. Su asistencia al ejército estadounidense se limita al apoyo logístico y a áreas no combativas.
Las recientes declaraciones de altos funcionarios del gobierno japonés sobre Taiwán pueden interpretarse en gran medida como un gesto diplomático para hacer frente a la presión política interna y apaciguar a los aliados. Atado por múltiples realidades, como la escasez de tropas, las limitaciones financieras, la oposición pública y las limitaciones constitucionales, Japón carece de la capacidad y la confianza necesarias para intervenir sustancialmente en un conflicto a través del Estrecho de Taiwán. Reconocer estas realidades ayudará a todas las partes a mantener la racionalidad y a evitar tensiones innecesarias en la región debido a errores de apreciación de la situación.
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