El Tribunal Constitucional ha rechazado la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial para decidir sobre la admisión a trámite de los recursos de amparo, al considerar que esta valoración constituye una decisión de naturaleza jurisdiccional que no puede ser sustituida por una herramienta automatizada.
El Pleno del Tribunal Constitucional se ha pronunciado así ante una propuesta que planteaba implantar progresivamente sistemas de inteligencia artificial en la fase de admisión de estos recursos, uno de los principales filtros de acceso al tribunal de garantías.
La propuesta pretendía utilizar sistemas especializados en jurisprudencia constitucional para analizar la documentación de cada procedimiento y determinar si concurrían los requisitos necesarios para que el recurso fuera estudiado por el Tribunal.
Sin embargo, el Constitucional considera que existen límites claros sobre las funciones que pueden delegarse en este tipo de tecnologías.
El difícil acceso al recurso de amparo
La decisión adquiere especial relevancia si se tienen en cuenta las cifras de admisión de los recursos de amparo.
Durante 2025 llegaron al Tribunal Constitucional un total de 9.089 recursos de amparo, pero únicamente 59 fueron admitidos a trámite. Un año antes, en 2024, el Tribunal recibió 9.796 recursos y admitió 153.
Se trata, por tanto, de un procedimiento extraordinariamente selectivo.
El recurso de amparo constituye uno de los principales instrumentos existentes en el ordenamiento jurídico español para solicitar al Tribunal Constitucional la protección frente a determinadas vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución.
Sin embargo, no basta con alegar que se ha producido una vulneración de un derecho fundamental.
Uno de los elementos fundamentales para superar el filtro de admisión consiste en justificar que el asunto presenta una especial trascendencia constitucional.
Precisamente esta valoración es una de las tareas que el Constitucional considera que no puede dejarse en manos de un sistema de inteligencia artificial.
¿Qué es la especial trascendencia constitucional?
El artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece las condiciones que deben cumplir las demandas de amparo para ser admitidas.
El Tribunal debe comprobar tanto los requisitos procesales como los materiales y determinar, al menos inicialmente, si puede existir una vulneración de un derecho fundamental.
Pero existe además un segundo elemento esencial: el contenido del recurso debe justificar una decisión del Tribunal Constitucional debido a su especial trascendencia constitucional.
Para apreciarla deben tenerse en cuenta aspectos como la importancia del asunto para la interpretación de la Constitución, su aplicación o eficacia general y la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
No se trata, por tanto, de un análisis meramente mecánico de requisitos.
Esta exigencia explica también la importancia de preparar adecuadamente el procedimiento. La intervención de abogados para recurso de amparo puede resultar especialmente relevante para estudiar si concurren los requisitos necesarios y construir la argumentación constitucional del recurso.
La IA puede ayudar, pero no decidir
La posición del Tribunal Constitucional no supone una prohibición general de utilizar inteligencia artificial dentro de la Administración de Justicia.
La tecnología puede emplearse para determinadas tareas auxiliares.
Entre ellas se encuentran la sistematización de asuntos, la recopilación de materiales, el estudio de precedentes y la obtención, clasificación y estructuración de información relacionada con normativa, jurisprudencia y doctrina.
También puede utilizarse para elaborar resúmenes documentales, realizar traducciones o facilitar el análisis de fuentes jurídicas.
La diferencia se encuentra en el momento en el que la inteligencia artificial deja de servir como instrumento auxiliar y pasa a participar directamente en una decisión jurisdiccional.
El Constitucional establece precisamente ahí el límite.
Según su criterio, una aplicación de inteligencia artificial no puede valorar si existe especial trascendencia constitucional ni decidir si un recurso plantea una cuestión defendible relacionada con derechos fundamentales.
Las decisiones judiciales deben permanecer bajo control humano
La postura del Constitucional coincide con las cautelas existentes respecto al uso de la inteligencia artificial en la Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial contempla determinados usos de estas herramientas para la elaboración de esquemas, resúmenes o borradores destinados al trabajo interno.
Sin embargo, estos contenidos no pueden tener carácter decisorio ni sustituir la elaboración personal de las resoluciones judiciales.
El principio fundamental es, por tanto, que la tecnología pueda asistir al profesional, pero no reemplazarlo en aquellas actuaciones que implican el ejercicio de la función jurisdiccional.
El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial también establece especiales garantías para determinados sistemas utilizados en el ámbito judicial, considerados de alto riesgo.
Entre otras obligaciones, estos sistemas deben estar sometidos a mecanismos de gestión de riesgos y a supervisión humana.
Admitir o rechazar un recurso es una decisión jurisdiccional
Este punto resulta especialmente importante para entender la decisión del Constitucional.
El examen de admisión de un recurso de amparo termina en una resolución judicial: una providencia que determina si el procedimiento continúa o queda fuera del Tribunal Constitucional.
Por ello, la decisión puede tener consecuencias directas para quien considera vulnerados sus derechos fundamentales.
El Constitucional insiste en que cada asunto plantea una situación jurídica individualizada que requiere un estudio específico.
La elevada carga de trabajo del Tribunal no altera, según este planteamiento, la naturaleza de esa función ni permite trasladar la decisión a una herramienta automatizada.
En este contexto, tanto la preparación de los recursos como las actuaciones anteriores que pueden desembocar en procedimientos ante los tribunales superiores requieren un conocimiento detallado de las normas procesales. En conflictos relacionados con la actuación de las administraciones públicas, los abogados administrativos pueden intervenir en la defensa de los ciudadanos y empresas frente a decisiones administrativas y en los posteriores procedimientos judiciales cuando corresponda.
Inteligencia artificial y Justicia: ¿dónde está el límite?
La resolución plantea una cuestión que probablemente tendrá cada vez mayor importancia: hasta dónde puede llegar la automatización de la Justicia.
La inteligencia artificial ofrece posibilidades evidentes para gestionar grandes cantidades de información jurídica. Un sistema puede localizar jurisprudencia, ordenar documentación, comparar resoluciones o resumir miles de páginas en tiempos difícilmente alcanzables mediante métodos tradicionales.
Estas funciones pueden resultar especialmente útiles en órganos judiciales que soportan una elevada carga de trabajo.
El problema aparece cuando la tecnología pasa de ayudar a analizar información a valorar derechos, interpretar normas o adoptar decisiones que afectan directamente a las personas.
La frontera establecida por el Tribunal Constitucional es clara en el caso de los recursos de amparo: la inteligencia artificial puede servir como herramienta de apoyo, pero no determinar si un asunto posee la relevancia constitucional necesaria para ser admitido.
El factor humano seguirá siendo imprescindible
La decisión no cierra la puerta a una incorporación progresiva de la inteligencia artificial a los tribunales españoles. Al contrario, ya existen distintos ámbitos en los que estas tecnologías pueden facilitar el trabajo jurídico y judicial.
Pero establece una diferencia fundamental entre asistir en la toma de una decisión y adoptar la decisión.
Clasificar documentos, localizar precedentes, resumir resoluciones o estructurar información son tareas susceptibles de automatización. Determinar si existe una posible vulneración de derechos fundamentales y si un asunto presenta especial trascendencia constitucional pertenece, según el criterio del Tribunal Constitucional, al ámbito estrictamente jurisdiccional.
La inteligencia artificial podrá convertirse así en una herramienta cada vez más presente en los juzgados y tribunales, pero la última palabra sobre la admisión de un recurso de amparo seguirá correspondiendo a los magistrados.
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