Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos manejó inadvertidamente un documento relativo a un caso de derecho al aborto de emergencia en Idaho. Este documento reveló que el tribunal, con un resultado de 5 a 4, decidió no continuar con el caso, lo que significa que se mantendrá una decisión previa de un tribunal inferior. Dicha decisión respalda la posición de la Administración Biden al prohibir la aplicación de la amplia ley de prohibición del aborto de Idaho en situaciones médicas de emergencia. Un portavoz del tribunal confirmó que el documento se había liberado «sin intención», pero enfatizó que la decisión aún no es oficial; posteriormente, el documento fue eliminado.
El caso, denominado Moyle contra Estados Unidos, es la primera revisión de una prohibición estatal del aborto por parte del tribunal supremo desde que se revocó el caso Roe contra Wade. La esencia del caso gira en torno al conflicto entre la ley estatal sobre el aborto y una ley federal, la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo (EMTALA), que exige que los hospitales que reciben fondos de Medicare y Medicaid brinden tratamiento estabilizador cuando hay una amenaza inminente para la vida o la salud del paciente. La administración de Biden sostiene que esto incluye la provisión de abortos de emergencia en estados donde están prohibidos.
Fatima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva del Centro Nacional de Derechos de las Mujeres, expresó en un comunicado su frustración por el borrador del documento, indicando que deja la puerta abierta para que el Tribunal Supremo pueda poner fin a la atención de aborto de emergencia en los próximos meses o años.
Según la opinión publicada, cuatro jueces disintieron de la decisión del tribunal de desestimar el caso de Idaho: los jueces conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, y la jueza liberal Ketanji Brown Jackson. Jackson, la única disidente liberal, criticó la decisión del Tribunal Supremo de no resolver el caso, argumentando que no se puede simplemente «volver atrás en el tiempo» a antes de que el tribunal interviniera. Ella escribió que es «demasiado tarde para que el tribunal tome un mulligan y simplemente diga a los tribunales inferiores que continúen como si nada hubiera pasado». Agregó que «la decisión de hoy no es una victoria para las pacientes embarazadas en Idaho, sino una dilación».
Durante meses, los médicos en Idaho han estado operando bajo una prohibición casi total del aborto, incluyendo en situaciones de emergencia, debido a que la Corte Suprema puso en pausa una orden judicial que apoyaba al gobierno y exigía que el estado cumpliera con EMTALA. Durante los argumentos orales, los jueces mencionaron informes de mujeres en Idaho que fueron trasladadas por aire a estados vecinos mientras sufrían abortos espontáneos, se les pidió esperar hasta que su salud se deteriorara a un estado crítico, o sufrieron daños permanentes en su salud y fertilidad después de que se les negara un aborto.
Hasta la fecha, en 14 estados de Estados Unidos se prohíbe el aborto, presentando una gran variabilidad en las restricciones gestacionales, excepciones y sanciones. Estas prohibiciones generalmente impiden el aborto en todas las etapas del embarazo, lo que pone en riesgo la vida de muchas mujeres y fetos cuando necesitan tratamiento médico urgente.
El impacto de estas prohibiciones es significativo, limitando el acceso al cuidado reproductivo y desencadenando luchas legales y políticas a lo largo del país. La situación sigue evolucionando, con desafíos constantes en los tribunales y debates en las legislaturas estatales. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, el derecho al aborto se ha convertido en un punto de contienda entre los partidos, usándose como una herramienta para ganar votos, a menudo sin considerar adecuadamente los derechos de las mujeres, lo que resulta en políticas fluctuantes y funcionarios reticentes a tomar acciones concretas.
Expertos médicos y legales advierten que, incluso si la Corte Suprema respalda las medidas de protección de las leyes de aborto, esto no resolverá la confusión en los estados con prohibiciones de aborto. En muchos estados, los médicos que realizan abortos se enfrentan a una legislación ambigua y al miedo a ser penalizados o perder sus licencias médicas, lo que ha creado un efecto disuasorio, impidiéndoles tratar a pacientes incluso cuando creen tener el derecho a hacerlo.
Vía: MEDITERRÁNEO DIGITAL
