Los datos lo dicen todo. En el año 2017 los cultivos intensivos consumieron unos 12 hectómetros cúbicos de agua. En 2024 fueron 39. El consumo humano de las poblaciones de Yecla y Jumilla apenas llega a los cinco hectómetros cúbicos cada año.
Toda esta agua se extrae de acuíferos declarados sobreexplotados; es decir, su recarga anual no llega a cubrir la extracción que se hace y que no parece que tenga límites.
La agricultura del Altiplano cambia a toda velocidad. Según datos oficiales de la Consejería de Agricultura, en 2017 había 2.434 hectáreas dedicadas a cultivo hortícolas intensivos. En 2024, la cifra se dispara a las 7.836 hectáreas. Un 220% más en siete años. La evolución no deja dudas.
Las grandes explotaciones compran o alquilan grandes extensiones de terreno y, sobre todo, se hacen con los derechos de uso de agua subterránea que poseen agricultores de toda la vida que deciden aparcar el tractor y ganar dinero sentados en el sofá de casa.
El problema es que los agricultores de toda la vida consumían muy poca agua porque sus cultivos eran tradicionales (almendro, olivar o viñedo). Y los nuevos requieren mucha cantidad de agua.
Cada hectárea de hortícolas intensivos demanda unos 5.000 millones de metros cúbicos anuales, calculan desde la asociación Salavemos el Arabí y Comarca.

El acuífero, al límite
La denuncia se repite en los últimos años. “Lo que se está minando son las reservas. No se usa solo lo que se repone. Se tira del colchón que debería garantizar el agua de la población”, advierte el portavoz de la plataforma ciudadana Salvemos el Arabí y comarca, Alejandro Azorín. Y añade otra clave: “Las concesiones de riego están hinchadas. Hay el doble o el triple de derechos respecto a la recarga natural del acuífero”.
Traducido: el agua renovable no llega para tanto regadío. El déficit lo cubren las entrañas del acuífero. Consecuencia: descenso piezométrico, riesgo para el abastecimiento y para los ecosistemas ligados al agua subterránea.
2027, fecha marcada en rojo
“Es un sinsentido que se anuncie para 2027 el cierre de los pozos porque habrá que cumplir los objetivos europeos de buen estado del agua, pero se siguen abriendo nuevas fincas con inversiones millonarias. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Azorín.
La normativa comunitaria fija 2027 como horizonte para que las masas subterráneas logren el buen estado. El calendario aprieta. Sin embargo, la expectativa de una futura conexión con el Júcar-Vinalopó plantea como solución para los problemas hídricos del Altiplano que no tiene otra posible sustitución a los acuíferos. “Las grandes empresas podrán pagar esa agua del Júcar- Vinalopó. Los pequeños no. Serán los grandes perdedores”, anticipa Azorín
El movimiento ciudadano pide dos cosas inmediatas. Primera: límites de extracción efectivos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura que depende del Gobiero de España. Segunda: ordenación de cultivos acorde a los recursos por parte de la Comunidad Autónoma. “No hay regulación real ni del agua ni de la expansión agrícola. Y así es imposible”, resume Azorín.
La clave es obvia: ajustar superficies y dotaciones al agua disponible. Priorizar el abastecimiento humano. Y dar certidumbre al agricultor que cumple.
¿Qué pueden hacer los consistorios? “Presionar. En Murcia y en Madrid. El agua es competencia estatal; la agricultura, autonómica. Sin presión no habrá solución”, insiste la plataforma.
Algunos pensaban que todo el campo podía ser de regadío, cuándo antes el campo era casi todo de secano con las excepciones de la huerta y todo eso.
Esto se merece un comunicado, la noticia no es completa, hay aspectos que van como las aguas subterráneas, no salen a superficie y hay que destapar.
En unas horas.
Solo se admiten sugerencias de buena fe. Los del catecismo del Odio abstenerse.