En 2022, alrededor del 16% de los adultos de 18 años o más en todo el mundo eran obesos, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre 1990 y 2022, la prevalencia de la obesidad a nivel mundial aumentó en más del 100%. Frente a esta preocupante realidad, la OMS considera que parte de las soluciones para reducir estas tasas consiste en la adopción de leyes y regulaciones destinadas a disminuir la demanda y oferta de alimentos con cantidades excesivas de nutrientes críticos. Dentro del abanico de herramientas de salud pública que promueve la organización, hay una que viene cobrando fuerza desde hace tiempo: el etiquetado de advertencia en la parte frontal de los productos alimenticios.
Simple, práctico y eficaz. Así describe la OMS al sistema de etiquetado frontal, un instrumento destinado a informar a los consumidores sobre la composición nutricional de los productos alimenticios. Sin embargo, la implementación de algunas de estas soluciones ha demostrado que lo simple no siempre resulta eficaz.
En primer lugar, abordar una problemática tan compleja como la obesidad a través de la adopción de etiquetas de advertencia resulta reduccionista. Además, la implementación de este tipo de medidas no ha estado exenta de críticas, debido a la falta de transparencia en el proceso de adopción en diferentes países. La interferencia de la industria alimentaria en estas políticas ha sido denunciada en reiteradas ocasiones y casualmente, suelen ser las mismas grandes empresas las involucradas.
México introdujo un sistema de etiquetado frontal de advertencia con sellos negros en 2019. Tal como reportó el organismo Public Eye en una de sus investigaciones, «el desarrollo de esta medida se enfrentó a una feroz resistencia por parte de las grandes empresas de la industria alimentaria y sus Estados anfitriones. A la cabeza: Nestlé y Suiza». Según el informe, basado en documentos obtenidos por Public Eye, «la Secretaría de Estado de Economía (SECO) fue instrumentalizada por la empresa para obstaculizar la política sanitaria en México». Además, se concluye que esta acción en México no es un caso aislado.
Otro caso de interferencia es el denunciado por la organización Justicia Alimentaria en España, con respecto al sistema de etiquetado Nutri-Score. Este modelo viene dando qué hablar en Europa, al tratarse de uno de los etiquetados que la Comisión Europea estaba considerando para ser adoptado de manera armonizada a nivel comunitario. El proyecto parece estar congelado por ahora, aunque el modelo está presente en mercados como el francés, país de origen de esta etiqueta.
“La gran mentira de NutriScore: una herramienta al servicio de las grandes multinacionales de la alimentación procesada” es el poderoso título de la investigación de Justicia Alimentaria, que revela el origen del NutriScore y la influencia de la industria en su adopción, especialmente el papel de Danone. «Si hay una empresa alimentaria especialmente feliz con el NutriScore, esa es Danone», señala el informe.
Las buenas clasificaciones obtenidas por productos de Danone y otras grandes empresas del sector bajo el modelo NutriScore explicaban su interés en este sistema de etiquetado. Con el tiempo, expertos como Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, comenzaron a exponer este «trato preferencial» hacia productos de ciertas marcas. «Desde que nació NutriScore, empezamos a notar irregularidades, como que un aceite de oliva obtuviera una D (una mala puntuación) y una Coca-Cola light una A, la mejor calificación», comentó Lurueña en una entrevista a La Vanguardia, resaltando cómo algunas empresas lograban eludir el sistema NutriScore.
El apoyo de estas empresas al NutriScore fue tal que, en países como Portugal, compañías como Danone, Nestlé, Aldi y Auchan promovieron activamente el etiquetado francés bajo el lema “Más NutriScore”. No es casualidad que, mientras la industria agroalimentaria defendía este sistema, un estudio del Instituto Nacional de Salud Doctor Ricardo Jorge (INSA) en Portugal revelara que el NutriScore «puede ser considerado poco eficiente y potencialmente engañoso en algunas categorías de alimentos», ya que el 87% de los alimentos con clasificación A y B no cumplían con los valores nutricionales ni los límites de azúcar y sal establecidos por la Estrategia Integrada para la Promoción de una Alimentación Saludable (EIPAS).
La influencia de la industria en Portugal fue tal que en abril de este año, el gobierno saliente adoptó el NutriScore de forma inesperada mediante una ordenanza sin consulta previa a las partes interesadas. El escándalo y la sorpresa fueron tales que, en pocas semanas, la ordenanza fue revocada, y Portugal bloqueó la adopción de este controvertido semáforo nutricional.
Durante años, los propios desarrolladores de NutriScore utilizaron el apoyo por parte grandes de la industria alimentaria como argumento de promoción del sistema. Sin embargo, acorralados ante el aumento de críticas de expertos, los desarrolladores se vieron forzados a cambiar las reglas y actualizar el algoritmo de clasificación. Para sorpresa de pocos, muchos productos de las grandes empresas que impulsaron NutriScore ahora obtienen peores calificaciones. Como resultado, compañías como Danone en Francia, Migros y Emmi en Suiza han abandonado el NutriScore, alegando costos elevados y confusión para los consumidores. Cabe recordar que las empresas tienen un plazo de dos años para adaptar sus etiquetas al nuevo algoritmo, durante el cual un mismo producto puede mostrar diferentes calificaciones.
En el caso de Danone, la empresa explica que su cambio de postura se debe a la nueva manera en que el modelo evalúa los productos lácteos, clasificados ahora como «bebidas». Según esta categoría, el único producto con calificación A es el agua mineral. Así, la leche entera pasó de tener un NutriScore B a una C, mientras que las semidesnatadas y desnatadas ahora obtienen una B. En definitiva, ahora que sus productos estrella son penalizados, Danone ha decidido cambiar de bando. Solo el tiempo aclarará quién se queda de qué lado y qué intereses subyacen en el apoyo de ciertos actores de la industria alimentaria. Mientras tanto, queda claro que la opacidad en torno a esta herramienta demuestra que no es adecuada para combatir las tasas de obesidad.
