La Audiencia Provincial de Murcia celebra hoy la primera sesión del juicio oral por un presunto delito de estafa agravada relacionado con la venta del grupo empresarial Muebles Tinto, una conocida firma de Yecla dedicada a la fabricación de mobiliario.
En el banquillo de los acusados se sentarán tres empresarios y una sociedad mercantil, acusados de urdir una operación fraudulenta que habría provocado la pérdida de la empresa, así como graves perjuicios económicos a sus antiguos propietarios.
El caso se remonta al año 2012, cuando los querellados adquirieron las empresas Muebles Tinto, S.L. y Tinto Decoración, S.L. por un precio total de 1.150.000 euros.
Según recoge el auto de apertura de juicio oral, el pago de dicha suma se formalizó en dos partes: una escritura de compraventa de participaciones sociales con pago aplazado (575.000 euros) y un reconocimiento de deuda por el mismo importe, avalado por el principal de los acusados.
El Ministerio Fiscal y la acusación particular sostienen que nunca se llegó a realizar pago alguno ni se ofrecieron inmuebles en compensación, tal como se había pactado. En consecuencia, se considera que los acusados llevaron a cabo una maniobra de adquisición simulada, con el único fin de apropiarse del control del grupo empresarial, para luego vaciarlo patrimonialmente.
Cierre de la empresa y destrucción de empleo
Los perjudicados por estos hechos son los antiguos propietarios de la empresa y querellantes en la causa. En su escrito de acusación, redactado el despacho Filamarket Abogados, se alega que los nuevos administradores incumplieron todos los compromisos financieros, abandonaron las obligaciones de pago con entidades bancarias, Hacienda y la Seguridad Social, y provocaron el colapso del grupo empresarial, que terminó cerrando y con la pérdida de más de 70 puestos de trabajo.
Además, señalan que, como avalistas personales de las sociedades vendidas, tuvieron que hacer frente a varias reclamaciones judiciales por parte de bancos como BBVA y Banco Santander, lo que agravó aún más su situación patrimonial.
Penas solicitadas
El Ministerio Fiscal solicita para los tres acusados penas de cinco años y seis meses de prisión, multa de diez meses con cuota diaria de 30 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También pide que la mercantil Promociones Llar Bo y David Arquitectura S.L. sea sancionada con una multa de 1.700.000 euros y la disolución de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.
Por su parte, las acusaciones particulares elevan su petición hasta siete años de prisión para cada acusado, multas de 24 meses y una indemnización conjunta de 1.000.000 de euros, más los intereses legales correspondientes. También solicitan el embargo preventivo de bienes para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias.
Por su parte, la defensa de los acusados pide la libre absolución de sus defendidos.
Un proceso de largo recorrido
El procedimiento judicial ha estado en instrucción desde el año 2013 y ha acumulado más de una década de diligencias, pruebas documentales y periciales. Entre los medios de prueba propuestos figuran nueve pagarés impagados, escrituras notariales de compraventa y deuda, así como declaraciones de testigos y del administrador concursal del posterior procedimiento de concurso de acreedores.
La vista oral comenzará este martes en la Audiencia Provincial de Murcia y se espera que se prolongue durante varias jornadas. El tribunal deberá dirimir si existió o no un plan premeditado para adquirir fraudulentamente la empresa y causar un perjuicio económico deliberado a sus anteriores dueños.
