El Banco de España ha elevado hasta el 2,6% su previsión de crecimiento para 2026, tres décimas más que en junio, y a la vez ha subido hasta el 3,9% la de inflación media de este año y hasta el 3,7% la de 2027, once décimas por encima de lo que calculaba hace unos meses. El mismo informe que celebra el empuje del consumo y del empleo advierte de que los precios se alejan del 2% que el Banco Central Europeo considera razonable. Y lo que ocurre en la calle va por delante de las proyecciones: según el INE, el IPC de septiembre llegó al 4,9%, seis décimas más que en agosto y la cifra más alta desde febrero de 2023.
La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se quedó en el 3,1%. Esa distancia de casi dos puntos con el índice general indica de dónde viene buena parte del golpe. El transporte se encareció un 10,5% en tasa anual por el peso de los combustibles y del transporte aéreo, y el Banco de España calcula que la energía costaba en septiembre un 22% más que un año antes, con un impacto que sería casi diez puntos mayor sin las medidas de apoyo del Gobierno. A ello se suma un diferencial de 1,2 puntos con la inflación de la zona euro, señal de que España soporta este episodio con mayor intensidad que sus vecinos.
Para la cesta de la compra esto importa más de lo que sugiere un porcentaje medio. La energía interviene en toda la cadena alimentaria: mueve los camiones, mantiene el frío de las cámaras, calienta los invernaderos y encarece los fertilizantes y los envases. Quien produce absorbe primero el golpe, después lo hacen quienes transforman y distribuyen, y el consumidor lo nota cuando el ajuste llega al lineal. Pan, huevos, leche, aceite, legumbres, pasta, pescado y fruta forman un gasto al que ningún hogar puede renunciar y ocupan una proporción mucho mayor del presupuesto de una familia con ingresos ajustados que del de una holgada.
Los salarios no compensan ese desfase. Según el Banco de España, los convenios revisados este año suben una media del 2,9% y los firmados hasta agosto un 3,7%, de modo que los primeros pierden poder adquisitivo y los segundos apenas lo mantienen. Crecer más no equivale a vivir mejor mientras la nómina corre por detrás del carrito.
En este contexto, las políticas alimentarias deberían responder a los problemas que más afectan a consumidores y productores. Cuando llenar la cesta exige cada vez más esfuerzo, importa que las medidas adoptadas mejoren el acceso a los alimentos, tengan en cuenta la realidad de quienes los producen y no añadan costes o complejidad sin una justificación suficiente. Eso obliga a examinar también los sistemas de etiquetado nutricional que pretenden orientar las compras, pero que pueden ofrecer una visión incompleta.
El Nutri-Score, el sistema de etiquetado frontal más conocido, nunca se adoptó oficialmente en España. En 2021, la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado instó al Gobierno a detener su implantación hasta que existiera un sistema europeo armonizado. La Comisión Europea no ha elegido un sistema común y, en España, la letra solo aparece en los envases de los fabricantes que deciden utilizarla voluntariamente.
El problema de fondo es reducir la calidad nutricional de un alimento a una letra de colores. Nutri-Score calcula su puntuación por cada 100 gramos o mililitros, sin reflejar necesariamente las raciones habituales ni la frecuencia de consumo, y por sí solo no valora el papel de un alimento dentro del conjunto de la dieta. El aceite de oliva, por ejemplo, se evalúa sobre una cantidad estandarizada que no se corresponde con la forma habitual de consumirlo. A ello se suman los cambios del algoritmo: en su última revisión, la leche pasó a la categoría de bebidas y la entera bajó de una B a una C. Danone, uno de los impulsores del sistema, retiró la etiqueta de sus lácteos bebibles alegando incoherencias, y durante el plazo de adaptación de dos años un mismo producto puede aparecer en el lineal con dos letras distintas.
Las objeciones tampoco se limitan a España. Siete países, entre ellos Italia, Grecia y Hungría, protestaron en 2020 por su adopción, y Portugal lo rechazó en 2024. Aquí, las interprofesionales del cerdo ibérico y de los quesos con denominación de origen han señalado que el algoritmo puede perjudicar la percepción de productos tradicionales que sostienen la economía de numerosas zonas rurales. Además, las pequeñas empresas pueden afrontar costes de reformulación que merecen evaluarse con rigor.
La alimentación tampoco puede entenderse producto a producto, al margen de la dieta en la que se integra. Ramón Estruch, responsable del ensayo Predimed, ha destacado la importancia del patrón mediterráneo, basado en la variedad, las cantidades y la frecuencia de consumo. La calidad de la dieta depende del equilibrio entre los alimentos y de los hábitos mantenidos en el tiempo, no de acumular productos con una determinada letra.
Los hogares españoles necesitan que sus ingresos alcancen para llenar la cesta y acceder a una alimentación variada y equilibrada, y el sector necesita costes energéticos asumibles y condiciones que le permitan seguir produciendo sin cargas innecesarias. La respuesta pasa por mejorar el poder adquisitivo de las familias, favorecer unas condiciones de producción sostenibles y promover una educación nutricional que tenga en cuenta las cantidades, la frecuencia de consumo y el conjunto de la dieta. El equilibrio, la variedad y la educación nutricional ofrecen una perspectiva más completa que una letra en el envase, y ahí es donde conviene poner el foco en los próximos años.
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