El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha confirmado una condena de 12 años de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual, según la sentencia a la que ha tenido acceso elperiodicodeyecla.com. Las víctimas fueron un menor de 16 años y una persona adulta con discapacidad intelectual. Los hechos se produjeron entre marzo de 2021 y el verano de 2022.
La resolución, fechada el 8 de octubre de 2026, desestima íntegramente el recurso presentado por el condenado. De esta forma, ratifica la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en octubre de 2025. El procedimiento judicial tuvo su origen en una investigación instruida en Yecla.
El acusado había solicitado su absolución al considerar que las pruebas eran insuficientes. Sin embargo, los magistrados concluyen que las declaraciones de las víctimas y los testimonios aportados acreditan los delitos.
Agresiones mediante presiones y amenazas
Según los hechos probados, el condenado estableció una relación de amistad con una persona que tenía reconocida una discapacidad intelectual del 49%. Durante esa relación, aprovechó su situación de vulnerabilidad para presionarla y conseguir que participara en distintos encuentros sexuales.
Las presiones incluían amenazas de difundir comentarios falsos o perjudicar su reputación si rechazaba las peticiones sexuales.
La sentencia considera acreditado que el acusado consiguió mantener distintas prácticas sexuales sin el consentimiento de la víctima. En dos ocasiones también la obligó a participar en encuentros sexuales con una tercera persona.
Por estos hechos, la Audiencia Provincial impuso ocho años de prisión y una indemnización de 10.000 euros por daños morales.
Uno de los principales argumentos de la defensa era que la discapacidad intelectual no impedía a la víctima consentir relaciones sexuales. El tribunal comparte que tener una discapacidad no supone carecer automáticamente de capacidad para decidir sobre la propia sexualidad.
No obstante, aclara que la condena no se fundamenta exclusivamente en esa circunstancia. Lo determinante fueron las amenazas, la intimidación y el aprovechamiento de su vulnerabilidad.
Esta interpretación se ajusta a los principios recogidos en la legislación sobre libertad sexual del Ministerio de Igualdad.
Agresiones sexuales a un menor
La segunda condena corresponde a un delito continuado de agresión sexual contra un menor de 16 años. Los hechos probados establecen que el acusado realizó distintas peticiones sexuales al adolescente, pese a conocer su edad.
La sentencia considera acreditado que el menor realizó prácticas sexuales con el condenado en dos ocasiones. Durante el procedimiento también se analizaron testimonios relacionados con una grabación realizada en uno de los encuentros.
Aunque el vídeo había sido eliminado y no se incorporó al procedimiento, varios testigos declararon sobre su contenido. El tribunal considera que estas declaraciones contribuyen a respaldar la credibilidad del relato del menor.
La defensa alegó que existía proximidad de edad entre ambos y que las relaciones habían sido consentidas.
Sin embargo, los magistrados rechazan aplicar la excepción penal prevista para determinadas relaciones entre personas próximas en edad y madurez.
La resolución destaca que existía una diferencia de casi cuatro años, además de circunstancias personales y de madurez diferentes.
Por estos hechos se confirma una segunda pena de cuatro años de prisión.
El caso se suma a otras condenas por agresiones sexuales conocidas en Yecla, aunque se trata de procedimientos judiciales independientes.
Coacciones y medidas de protección
La sentencia también mantiene una condena por un delito leve de coacciones, relacionado con otro episodio que afectó al menor. Según los hechos probados, el acusado encerró al adolescente con llave en un inmueble, contra su voluntad.
Finalmente, permitió su salida cuando varias personas llegaron al lugar y comenzaron a golpear la puerta.
Por este delito se mantiene una multa de 540 euros.
Además de las penas de prisión, la resolución confirma distintas medidas de protección para ambas víctimas. Entre ellas figura la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros o comunicarse con ellas durante el cumplimiento de prisión y cinco años adicionales.
También establece siete años de libertad vigilada posteriores a las penas privativas de libertad, así como restricciones para trabajar con menores.
Recurso rechazado por el tribunal
Los magistrados consideran que la Audiencia Provincial realizó una valoración razonada, suficiente y ajustada a derecho de las pruebas.
La resolución descarta que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, señala que las discrepancias de la defensa no demuestran errores capaces de modificar las conclusiones judiciales.
Por ello, el tribunal confirma íntegramente las condenas impuestas y declara de oficio las costas de la apelación.
La sentencia todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
