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jueves 18 agosto 2022

El desahucio de inquilinos y okupas en la Justicia española

El desahucio de los inquilinos que no cumplen con el contrato firmado y la expulsión de los okupas es un problema social que cada vez se agrava más en España debido a una Justicia colapsada que provoca que los plazos se alargen para desesperación de los propietarios de los inmuebles afectados.

El camino de los juzgados es que la mayoría de los afectados emprende cuando ven que el diálogo con el inquilino de su vivienda no llega a ningún destino cierto.

Aquí es importante ponerse en manos de abogados expertos en estos procesos judiciales como JR Abogados, especialistas en desalojo de inquilinos y okupas.

Existen dos tipos de procesos ante los tribunales a los que puede acudir el propietario para pedir el desahucio de una persona que habita su vivienda. Un proceso judicial verbal que es el más rápido y el que menos trámites suele conllevar. Se suele acudir a este tipo de procedimientos cuando se trata de un desahucio por impago o porque el contrato de arrendamiento ha concluído.

En este procedimiento los honorarios de abogado por desahucio son mucho más baratos. Hay precios del letrado defensor que pueden ir desde los 600 euros (una cifra aproximada para hacerse una idea).

Luego está el juicio ordinario. El procedimiento es más largo, conlleva más trámites por parte de la defensa y eso, como es evidente, encarece el servicio que se presta.

Si en su propiedad hay un okupa este será el camino que tendrá seguramente que emprender hasta que vea fuera de la vivienda a esos moradores. También si necesita poner fin al arrendamiento porque necesita de la casa antes de terminar el contrato firmado, tendrá que acudir a esta vía de la Justicia. Lo mismo que si el inquilino realiza obras  no consentidas, o por actividades peligrosas, quejas de los vecinos por ruidos u otros motivos.

Al precio del abogado defensor hay que añadir el del procurador que es obligado en todo proceso. 

Con estas dos figuras del procedimiento jurídico tendrá una defensa adecuada. Eso sí, asegúrese de conocer las tarifas que cobrarán antes de la contratación para que el día que le devuelvan las llaves de su vivienda no tenga que padecer un nuevo dolor, el del bolsillo. 

Una de las recomendaciones que se suele dar a las personas que están involucradas en estos procesos es que tengan paciencia. Las estadísticas apuntan a que como media un proceso de desahucio suele tardar en resolverse unos 6 meses. Esa es la media, lo que supone que hay procesos mucho más lentos que pueden tardar más de un año y medio. 

Depende de la fortuna, no monetaria, que tenga el demandante, Si le toca un juzgado más o menos colapsado.

No hace mucho se realizó una reforma legislativa que hablaba del “desahucio express”. Prometía que en apenas unas pocas semanas se podría echar de una vivienda a un inquilino que no pagara su renta mensual. Sin embargo, la realidad es bien distinta y los medios que hay para realizarlo provocan que de express tenga poco o nada.  


 

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