El asunto está en manos de la Justicia para poder seguir avanzando en la solución del problema. Los problemas de convivencia en la calle Puerto Rico necesitan que la Justicia avance para que la policía entre en las viviendas donde los okupas se encuentran en estos momentos, según las explicaciones dadas por el concejal de Seguridad, Juan Miguel Zornoza, y el jefe de la Policía Local, Pedro Vicente Martínez.
El problema de convivencia en la zona es “grave” reconoce el Zornoza quien asegura que la actuación de las fuerzas de seguridad “ha conseguido evitar más ocupaciones, que una de las viviendas sea desalojada y que ingresen en prisión algunos de los okupas de las casas”.
El responsable de seguridad ha querido dejar claro que “nosotros no podemos entrar en las casas y echarlos. Se necesita una orden judicial”, respondiendo así a la petición de los vecinos de toda la vida de esta zona que quieren volver a la convivencia normal. “Entiendo el desasosiego de los vecinos pero que entiendan que estamos haciendo todo lo posible”.
Por su parte, el jefe de la Policía Local ha relatado que la primera preocupación de las autoridades es que “no se ocuparan más viviendas para no crear un guetos”.
En la calle Puerto Rico había tres viviendas ocupadas, aunque en la actualidad hay dos viviendas con okupas que están provocando los problemas, según los datos de los cuerpos de seguridad.
Una de las viviendas es propiedad de un banco que tiene en los juzgados la denuncia para el desalojo de la casa. “El asunto puede resolverse en el juzgado pronto”, aseguró Pedro Vicente Martínez.
Además, hay una viviendas cuya propietaria es colombiana que no vive en ella y que sigue pagando la hipoteca. “Estamos intentando contactar con ella para ver como podemos empezar el proceso”.
Además, “han detenido y están en prisión dos vecinos okupas, han desaparecido de la zona otros dos y también ya no están los “satélites” que iban por el lugar”, explica el responsable de la Policía Local.
Además, los datos arrojan que se han realizado desde 2014 un total de 226 servicios de vigilancia y prevención en la zona. “De media hemos estado uno de cada dos días en la zona. Ha habido y hay presión en la zona contra los okupas”, explica Pedro Vicente Martínez.
Por último, el responsable de seguridad ha pedido a los vecinos que presente denuncias por las amenazas o por los problemas de convivencia para tener más fuerza ante los tribunales a la hora de la expulsión de la zona.
También, se ha explicado que Iberdrola ha renovado la linea completamente para que no puedan enganchar ilegalmente el servicio eléctrico por parte de los los okupas a las viviendas. El coste ha superado los 6.000 euros y “vamos a estar atentos para que no puedan volver a enganchar”
Que pongan la casa a nombre del banco y verás lo rápido que llega la orden de desalojo