El grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes ha denunciado el “caos administrativo” generado por la llegada de los primeros recibos de la nueva tasa de basuras. Decenas de contribuyentes, incluyendo pequeños comercios, empresas y asociaciones, están recibiendo liquidaciones desorbitadas, según explica la formación de izquierdas.
Según Izquierda Unida, los errores se deben a una clasificación incorrecta de las actividades económicas. Esto ha provocado que a una pequeña oficina se le cobre como si fuera una gran industria, o que a asociaciones sin ánimo de lucro se les aplique una tarifa comercial elevada.
Desde el grupo municipal recuerdan que ya advirtieron en junio, durante la tramitación de la ordenanza, que no se ofrecía un periodo de consulta previo al cobro. Esta situación impide a los contribuyentes reclamar antes de recibir el recibo y ha provocado, según IU, un colapso de quejas en el Ayuntamiento.
En el escrito de alegaciones, Izquierda Unida subrayaba la necesidad de revisar y corregir los datos fiscales antes del cobro. “Es la crónica de un desastre anunciado”, afirma su portavoz, Alberto Martínez.
Uso de datos de Aqualia
La base de datos utilizada para aplicar esta tasa ha sido, según denuncian, el padrón de la empresa concesionaria del agua, Aqualia. IU critica que se haya confiado en una empresa privada para definir el censo tributario, una función que consideran exclusiva de la administración pública.
Esta decisión ha generado situaciones “absurdas y arbitrarias”, según Martínez. En algunos casos, despachos profesionales con mínima producción de residuos están pagando más que industrias grandes, y asociaciones vecinales han recibido recibos de más de 150 euros trimestrales. Una carga económica que, aseguran, “pone en riesgo su labor social”.
En una noticia relacionada, el Ayuntamiento ya fue cuestionado por su gestión de tributos municipales, como se reflejó en esta información previa sobre la gestión del pleno.
Reclamaciones y burocracia
El procedimiento actual obliga a los afectados a pagar primero o enfrentarse a recargos, para después presentar un recurso de reposición. Una situación que Izquierda Unida considera “una espiral burocrática evitable”.
Desde la formación critican que no se elaborara un censo fiscal adecuado, confiando en datos de una empresa privada que no refleja la realidad de los negocios locales. Esta situación está generando una “avalancha de reclamaciones” y un “daño económico injusto” para muchos empresarios.
Según Martínez, el Ayuntamiento ha pervertido el principio de “quien contamina paga” por otro mucho más injusto: “paga lo que diga Aqualia, y si está mal, ya reclamarás”.
Exigen una solución urgente
Izquierda Unida reclama ahora una vía urgente para devolver las cantidades cobradas de forma indebida, sin obligar a los afectados a soportar los trámites administrativos.
Además, exige al equipo de gobierno que pida disculpas públicas, reconozca el error y tome medidas para que no vuelva a ocurrir. También instan al Ayuntamiento a que elabore un censo fiscal real y verificado por medios públicos.
Desde la formación han recordado que el Ayuntamiento debe actuar de forma rigurosa y transparente, en línea con la legalidad vigente. Así lo establece el Gobierno de la Región de Murcia, que regula las competencias municipales en materia de residuos y tributos.
