La comparecencia de la portavoz municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Yecla, Carmen Soriano. después de conocer la decisión de la concejala de Turismo, Inmaculada García de dimitir, ha dado algunos titulares sorprendentes.
La concejala ha entendido la gravedad que los hechos denunciados por este medio suponían para el desarrollo de su labor como cargo público y ha presentado su dimisión como edil del ayuntamiento
Ambas formaciones ya se han puesto en contacto con Izquierda Unida para consensuar un texto para la moción de reprobación, con la intención de que se debata en el próximo pleno del ayuntamiento de Yecla.
Había expectación por si la concejala tomaba la decisión de dimitir pero la “marcha atrás” ha sido de las denominadas de “baja intensidad”. Perdón y pasa página. No ha habido más explicaciones.
El rifirrafe ocurría a las 5 de la madrugada del pasado domingo a las puertas de un local nocturno situado en la calle San Luis. Allí se personó la policía que trasladó a la concejala hasta la comisaría.
En su primera toma de contacto, Garre ha notado que no es fácil sacar adelante un proyecto político desde cero y menos implantarse en un lugar donde el PP tiene mayorías absolutas desde hace décadas.
Al diputado regional de Ciudadanos, Juan josé Molina,se le preguntó por la más que probable presencia del partido liderado por Alberto Garres a las próximas elecciones regionales.
Los últimos acontecimientos relacionados con el currículum y la capacitación de Francisco Pérez de los Cobos, nombrado recientemente Hijo Adoptivo de la ciudad de Yecla, “avergüenzan a los yeclanos y a los socialistas”.
En estos momentos se han presentado en el consistorio más de veinte reclamaciones por parte de vecinos que han solicitado la devolución del impuesto de la plusvalía ya que consideran que se han cobrado indebidamente.
El máximo responsable de la CHS, Miguel Ángel Ródenas Cañada, se ha comprometido a visitar Yecla próximamente y mantener reuniones con los distintos colectivos afectados por la problemática del agua.
Las administraciones no dan de forma habitual explicaciones públicas de cómo ha gastado finalmente el dinero de cada ejercicio en relación a lo que presupuesta un año antes.