Un año después de que empezara el proceso, el ayuntamiento de Yecla sigue pendiente de adjudicar el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. De las cinco empresas que presentaron sus ofertas, el consistorio ha descartado dos y deja para la siguiente ronda de valoraciones a tres que han cumplido un requisito imprescindible en el futuro contrato: mantener la actual plantilla de trabajadores.
Las tres empresas que continúan en el proceso de adjudicación son: La Generala, Valoriza (Sacyr) y la unión temporal de empresas formada por Innovia y Coptalia. Las empresas que el ayuntamiento ha excluido por no cumplir con el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo en el servicio son: FCC y Urbaser.
La mesa de contratación ha tomado una decisión que puede ser recurrida por las empresas excluidas al Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, lo que volvería retrasar el proceso más tiempo.
Ese mismo tribunal ya resolvió a favor de esas mismas empresas cuando hace unos meses el ayuntamiento las excluyó por las mismas razones en el mismo proceso. Sin embargo, el ayuntamiento sigue considerando que mantener a la actual plantilla de trabajadores es una condición irrenunciable a la hora de adjudicar el servicio a una empresa privada.
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Vuelta a empezar
El tema de la contratación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos se puede convertir en la adjudicación más larga de la historia del ayuntamiento de Yecla si de nuevo los tribunales le dan la razón a las empresas excluidas.
Esa demora está costando más de un millón de euros al ayuntamiento al año ya que el futuro contrato sale con un precio de licitación 2,2 millones, que seguramente sea menos ante la competencia que hay en la actualidad, mientras que en ahora el servicio cuesta más de 3 millones de euros al año que se pagan a La Generala a la que se le otorgó el contrato hace nueve años.
El propio alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, asegura que ha preguntado a los técnicos municipales sobre la posibilidad de cambiar la fórmula de valorar el tema del personal que deberá contratar la empresa adjudicataria del servicio y así desbloquear el proceso. “Si hay una empresa que no tiene el personal que se requiere se ahorra un dinero que luego no le podemos reclamar y puede hacer una oferta más ventajosa que el resto”, explica Ortuño en voz de los técnicos que gestionan el asunto.
La opción de valorar mejor al que mantenga el personal y penalizar al que no lo haga no parece que esté entre las opciones que tienen en el gobierno municipal de Ortuño.
Lo cierto es que este escollo ya está causando un perjuicio económico a las arcas municipales y puede seguir siéndolo ya que las empresas excluidas de nuevo pueden recurrir el proceso al tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda. Si les da de nuevo la razón, y no parece que haya argumentos diferentes para un cambio de criterio, el proceso estaría en el mismo punto de partida.
Mientras tanto, la única que gana en esta situación es La Generala, la anterior adjudicataria, que sigue prestando un servicio a precios de antes de la crisis.
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