La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha sido clara: no se permitirá la ampliación ni la construcción de nuevas granjas ganaderas en la cuenca. Esta decisión, respaldada por las directrices de la Unión Europea y el plan hidrológico vigente, ha llevado al rechazo de decenas de solicitudes que se han tramitado. Entre ellas, algunas en la comarca del Altiplano.
El presidente de la CHS, MArio Urrea, insistió en que estas medidas no son nuevas, sino que forman parte de las normativas de la Directiva del Agua y la Directiva de Nitratos, que buscan combatir la contaminación de las aguas. Según explicó, el organismo actúa en cumplimiento de la ley y en defensa de los recursos hídricos de la región.
Estrategia para reducir los nitratos
Urrea destacó la importancia de la estrategia NitraSegura, enfocada en controlar la contaminación por nitratos en los acuíferos y ríos de la cuenca. Señaló que un reciente mapa de nitratos refleja altos niveles de presión en estas masas de agua.
La prohibición de suministrar agua para nuevas granjas ha generado malestar en el sector ganadero. Sin embargo, Urrea subrayó que es esencial garantizar la trazabilidad de los residuos, como los purines, para evitar que afecten al dominio público hidráulico. Para lograrlo, es necesario contar con instalaciones adecuadas para el tratamiento de estos residuos.
Críticas del sector ganadero
Las organizaciones agrarias, como COAG, calificaron las restricciones de la CHS como «totalitarias y extremas». Urrea, en respuesta, explicó que estas decisiones no son arbitrarias, sino que responden a directrices europeas y normativas nacionales adoptadas mediante reales decretos.
El presidente destacó que la CHS recibe cerca de un centenar de solicitudes anuales para nuevas granjas, todas informadas negativamente. Además, reiteró que la solución pasa por un trabajo conjunto entre el sector y las administraciones, instando a la Comunidad Autónoma a desarrollar un plan reforzado para las zonas vulnerables por nitratos, pendiente desde hace tiempo.
Cumplir con la legalidad
Urrea recalcó que las medidas adoptadas buscan proteger el dominio público hidráulico y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos. Además, instó a que las instalaciones ganaderas implementen sistemas que acrediten la correcta gestión de sus residuos.
