El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha frenado la propuesta del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) de cerrar el expediente sobre una reclamación patrimonial relacionada con el fallecimiento de una mujer en la residencia San Isidro de Yecla en el año 2023.
La familia reclama al IMAS 74.129,16 euros por los daños derivados de la muerte de su madre. La cantidad se reparte entre tres reclamantes. Cada uno solicita 24.709,72 euros, según recoge el dictamen del órgano consultivo.
Este caso no tiene nada que ver con otro que también fue noticia en octubre de 2023, cuando la Guardia Civil desarrolló la operación ‘Antecesor’ para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de otra anciana en esta residencia, que culminó con 12 personas investigadas como presuntas autoras de los delitos de homicidio por imprudencia y de encubrimiento. Este tema sigue su procedimiento ante los juzgados.
Una plaza concertada
La reclamación actual se basa en un presunto caso de negligencia que denuncia la famalia de una anciana que estaba interna en la residencia San Isidro, gestionada por una empresa privada. Según los datos recabados del informe publicado por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, la mujer había ingresado como usuaria privada en junio de 2022. Después pasó a ocupar una plaza concertada el 12 de enero de 2023 en esta residencia como otros centros residenciales del IMAS.
Los hechos analizados ocurrieron en abril de 2023. La usuaria fue trasladada al Hospital Virgen del Castillo el día 2, y donde falleció el día 13 de ese mismo año .
La versión familiar
Los hijos sostienen que su madre llegó al hospital en un estado muy deteriorado. En la reclamación hablan de deshidratación, sangrado y numerosos hematomas. También recuerdan que padecía Alzheimer y tenía reconocido un grado severo de dependencia.
La familia considera que hubo un funcionamiento anormal de los servicios que se prestaron a la anciana en la residencia. Por ese motivo, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración regional por valor de 74.129,16 euros.
La postura del centro
La residencia niega que hubiera mala praxis. Sus informes sostienen que la residente fue controlada por médicos y personal de enfermería. También señalan que tenía infecciones urinarias recurrentes y estaba anticoagulada con Sintrom.
El centro defiende que se actuó con criterio profesional. Según su versión, se avisó al 112 cuando se consideró necesaria una valoración médica urgente que determinó el traslado de la mujer al hospital de Yecla.
Después de estudiar el caso, la Dirección General de Personas Mayores propuso desestimar la reclamación de los familiares.
La familia, sin embargo, aportó un informe pericial. Ese documento mantiene que hubo mala praxis por no realizar una analítica de coagulación durante el proceso que terminó con la muerte de esta mujer.
El defecto de forma
El Consejo Jurídico no resuelve todavía si hubo negligencia o no en la forma de actual de la residencia San Isidro. Su dictamen se centra en un problema de tramitación. Tras las alegaciones de la familia, el IMAS pidió nuevos informes a la residencia y a la Dirección General de Personas Mayores.
Esos documentos no fueron trasladados después a los reclamantes. El órgano consultivo considera que eran informes relevantes. Por ello, entiende que la familia debía conocerlos antes de dictar una resolución.
El Consejo Jurídico ordena retrotraer el expediente. La Administración deberá conceder un nuevo trámite de audiencia. Después tendrá que formular otra propuesta de resolución.
El dictamen no estima la reclamación económica. Tampoco declara responsable al IMAS ni a la residencia San Isidro. Lo que determina es que el procedimiento debe completarse antes de decidir.
La familia podrá presentar nuevas alegaciones. Solo después se podrá elevar otra propuesta al Consejo Jurídico. Entonces podrá analizarse el fondo del asunto y la posible responsabilidad administrativa.
Puedes conocer la resolución en este enlace
