El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Yecla sostiene que el conflicto de las limpiadoras municipales debe resolverse por la vía jurídica. La alcaldesa, Remedios Lajara, ha defendido que el consistorio mantiene “la misma postura desde el minuto uno”. Según ha explicado, cualquier pago pendiente a las trabajadoras debe contar con respaldo legal. También ha señalado que el avance en las negociaciones responde a varios factores recientes.
Lajara ha explicado que hubo dos novedades importantes en las últimas semanas. La primera fue una reunión con la presencia del abogado del sindicato mayoritario. Según Lajara, ese encuentro permitió sentar en la misma mesa al letrado sindical, al abogado contratado por el Ayuntamiento, a los servicios jurídicos municipales y a Intervención.
La segunda novedad fue una providencia dictada por la jueza de lo mercantil. Esa resolución afecta al acuerdo alcaazado hace unas semanas entre el ayuntamiento de Totana y las limpiadoras que se encuentran en la misma situación que las de Yecla. Ese modelo de pago del ayuntamiento sin esperar a la resolución judicial era defendido por el sindicato para que Yecla lo aplicara. Sin embargo, la Justicia ha anulado el acuerdo.
Lajara ha afirmado que el Ayuntamiento siempre dijo que actuaría igual si ese acuerdo era declarado válido. Sin embargo, ha sostenido que la providencia judicial lo invalida. Por eso, entiende que «se ha producido un acercamiento de posturas».
La regidora ha insistido en que el Ayuntamiento quiere que las trabajadoras cobren. Pero ha recalcado que esa decisión no puede adoptarse al margen del procedimiento judicial. En su intervención, ha subrayado que la deuda corresponde a TSI Levante, antigua concesionaria del servicio.
El conflicto laboral se arrastra desde hace meses. Las trabajadoras del servicio de limpieza de edificios municipales llegaron a convocar una huelga indefinida por los impagos acumulados. La plantilla aplazó después la protesta tras 21 días de paro y nuevas reuniones entre las partes.
Vía jurídica abierta
La alcaldesa ha reiterado que el consistorio no puede actuar sin el visto bueno de la autoridad concursal. En este caso, ha citado a la jueza de lo mercantil y al administrador concursal. También ha remarcado que el Ayuntamiento tiene “las puertas abiertas” al diálogo.
El equipo de gobierno enmarca el caso dentro de la contratación pública y del procedimiento concursal. La Ley de Contratos del Sector Público regula el marco general de los contratos celebrados por las administraciones públicas.
Lajara ha defendido que el Ayuntamiento respondió con rapidez a la última solicitud de reunión. Según ha indicado, la petición se recibió un jueves por la tarde. La cita quedó fijada al día siguiente, viernes, a las doce.
Críticas al PSOE
La alcaldesa ha acusado al PSOE de conocer la complejidad jurídica del caso desde el principio. También ha insistido en que no se trata de una cuestión política. “Es una cuestión jurídica”, ha señalado en su intervención.
El Ayuntamiento sostiene que el dinero debe abonarse siempre conforme a la legalidad. Por eso, el gobierno local espera que las conversaciones con el administrador concursal y la jueza permitan desbloquear el pago.
La situación sigue pendiente de una solución definitiva. Las trabajadoras mantienen su reclamación salarial. El consistorio, por su parte, afirma que solo actuará con garantías jurídicas y dentro del procedimiento concursal.
