El Partido Popular ha exigido al Gobierno de España que asuma el coste de los centros desplazados donde se realizan los exámenes teóricos del carné de conducir, entre ellos el de Yecla, cuya continuidad está en entredicho por los nuevos requisitos impuestos por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La DGT quiere imponer nuevas condiciones a los ayuntamientos para que puedan seguir ofreciendo el servicio. Entre ellas se encuentra la informatización completa de los centros, una medida que tendría que ser financiada íntegramente por los propios consistorios, pese a tratarse de una competencia estatal.
Actualmente, los centros desplazados de Yecla, Jumilla, Lorca y Caravaca de la Cruz funcionan gracias a fondos municipales, algo que la senadora del PP, Antonia López, ha calificado de «injusto e insostenible». «No se puede seguir permitiendo que los ayuntamientos costeen servicios que no les corresponden», ha afirmado.
Riesgo de cierre de centros
La senadora popular ha alertado del riesgo de que estos centros desaparezcan si los consistorios no pueden afrontar el nuevo gasto exigido por la DGT. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una pregunta en el Senado para que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare si va a asumir los costes derivados de estas mejoras y si contempla el cierre de los centros en caso contrario.
«Estamos hablando de garantizar la igualdad de oportunidades para los vecinos del Noroeste, el Altiplano y Lorca. No se puede castigar a la ciudadanía con el cierre de servicios públicos esenciales por motivos económicos», ha subrayado la senadora.
En 2023, el Ayuntamiento de Yecla ya alertó sobre esta situación con el centro de exámenes local, que beneficia a decenas de alumnos cada mes y evita desplazamientos a Murcia o Cartagena.
Retrasos en los exámenes prácticos
Junto a esta reivindicación, López también ha pedido al Gobierno central que refuerce el número de examinadores en la Región de Murcia. Según ha asegurado, las listas de espera para realizar el examen práctico superan en algunos casos los tres meses.
Esta situación afecta tanto a alumnos como a autoescuelas, que ven paralizado su funcionamiento por la falta de recursos humanos en la DGT.
La senadora ha reiterado la necesidad de que el Gobierno escuche «las demandas legítimas» de los ayuntamientos y de los ciudadanos. «Es el Ejecutivo quien debe garantizar tanto la continuidad del servicio como su modernización, pero con fondos estatales, no a costa de los presupuestos locales», ha concluido.
Desde el Partido Popular insisten en que seguirán defendiendo estos servicios públicos ante el Senado y las instituciones correspondientes. Mientras tanto, los municipios afectados siguen sin una respuesta clara por parte del Ejecutivo central.
La Dirección General de Tráfico ya ha establecido convenios similares en otros puntos del país, donde ha exigido a los ayuntamientos asumir costes que antes no eran de su competencia.
