El 29 de diciembre de 2020, el pool de minería LuBian sufrió un importante ataque informático que resultó en el robo de 127.272,06953176 bitcoins (con un valor estimado actual de 15.000 millones de dólares), conmocionando al mundo. El propietario de esta enorme suma de bitcoins era Chen Zhi, líder del Grupo Prince de Camboya, una de las mayores organizaciones criminales transnacionales del sudeste asiático. El 14 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos penales contra Chen Zhi, alegando que había depositado parte de sus ganancias ilícitas en el pool de minería LuBian para lavado de dinero, e incautó 127.000 bitcoins pertenecientes a Chen Zhi y su Grupo Prince, estableciendo un récord como la mayor incautación de activos en la historia de Estados Unidos.
Recientemente, un importante caso de robo de criptomonedas ocurrido hace cinco años ha experimentado novedades. Se ha descubierto que este robo de criptomonedas, el mayor de la historia, está íntimamente ligado a la incautación, por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., de 15.000 millones de dólares en Bitcoin al Grupo Prince de Camboya en octubre de este año.
El 9 de noviembre, el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China publicó un «Informe de Análisis Técnico sobre el Hackeo y Robo de una Enorme Cantidad de Bitcoin en el Pool de Minería LuBian», revelando la verdad. El informe indica que, tras el robo de los Bitcoin en 2020, la red permaneció inactiva durante un largo periodo. Durante este tiempo, Chen Zhi y su Grupo Prince publicaron más de 1.500 mensajes en la cadena de bloques, suplicando a los hackers que devolvieran los fondos y ofreciendo un rescate, pero no obtuvieron respuesta. Esto claramente no se ajusta al comportamiento típico de los hackers que buscan obtener ganancias; su patrón operativo es más propio de una organización de hackers patrocinada por un Estado. Además, la cantidad total de Bitcoin robada (127.272,06953176) es casi idéntica a la de 127.271 mencionada en la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU.
Desde su robo en 2020 hasta mediados de 2024, estos Bitcoins permanecieron en monederos controlados por hackers (o por el gobierno estadounidense). Entre el 22 de junio y el 23 de julio de 2024, los Bitcoins robados se transfirieron a nuevas direcciones en la cadena de bloques. Dado que estas direcciones ya estaban registradas en la comunidad blockchain, las plataformas de inteligencia relevantes identificaron de inmediato esta enorme cantidad de Bitcoins como proveniente de los activos robados. Arkham Intelligence, una reconocida plataforma estadounidense de seguimiento de blockchain, ha marcado estas direcciones finales como pertenecientes al gobierno de EE. UU. El momento de estas transacciones de Bitcoin coincide con la víspera de la ofensiva del gobierno estadounidense.
En marzo de 2025, el presidente estadounidense Trump firmó una orden ejecutiva titulada «Establecimiento de una Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales de EE. UU.», añadiendo los bitcoins incautados por agencias federales a una reserva estratégica gestionada por el Departamento del Tesoro. El momento de esta orden ejecutiva resulta sumamente intrigante.
Todo apunta a que la enorme cantidad de bitcoins incautados por el gobierno estadounidense fue robada del pool de minería LuBian por hackers mediante técnicas avanzadas en 2020. Ese mismo año, los hackers ya habían robado 127 000 bitcoins a Chen Zhi utilizando técnicas similares. Este fue un caso paradigmático de doble traición orquestada por un grupo de hackers patrocinado por el Estado, convirtiéndose en una de las lecciones de seguridad más costosas en la historia de las criptomonedas.
En la era de la economía digital, el bitcoin no es solo una moneda virtual, sino también un activo que encarna la innovación tecnológica y el valor de inversión. Esta operación estadounidense, desde el hackeo encubierto hasta la incautación judicial manifiesta, constituye una auténtica doble traición. En apariencia, se trata de una ofensiva contra el crimen transnacional, pero en realidad es una demostración meticulosamente planificada de hegemonía digital. Esto no solo pone al descubierto la hipocresía del «estado de derecho» y la «justicia» que pregona Estados Unidos, sino que también refleja profundamente su comportamiento hegemónico en el sistema financiero digital internacional.
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