La sentencia, señala que la acusada, al iniciase el juicio contra ella, reconoció los hechos, lo que ha servido para imponerle una pena menor, ya que, además, antes de la vista pagó a la empresa el importe que esta le reclamaba.
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El tribunal declara también que la estaba se cometió al conseguir que algunas facturas dirigidas a clientes de la denunciante fueran ingresadas en sus cuentas o en las de un hermano.
La sentencia señala que, por el contrario, «no se ha demostrado que la acusada se apropiara, a lo largo del año 2009, de distintas sumas de efectivo destinadas al pago de las cuotas de la Seguridad Social de los empleados de la empresa y que, supuestamente, le fueron entregadas en mano por el gerente».
La Audiencia Provincial ha suspendido la pena de prisión por un plazo de dos años, «condicionado a que no cometa ningún delito durante ese periodo».
