El Ayuntamiento de Yecla presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la sentencia que publicamos hace unos días. Como ya os adelantamos, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia estimó el recurso interpuesto por una trabajadora del consistorio que reclamaba su derecho a disfrutar del mismo permiso que un matrimonio.
Pues bien, según denuncia Izquierda Unida-Verdes, el Ayuntamiento va a presentar recurso a la máxima instancia judicial de nuestro país. «Es una vergüenza que el equipo de gobierno vaya a interponer este recursos solo para intentar que los trabajadores del ayuntamiento tengan menos derechos«, remarca Alberto Martínez, portavoz de IU-Verdes en Yecla.
En su opinión, el PP «está poniendo mucho empeño en intentar que las parejas de hecho no se equiparen en derechos al matrimonio«. Asimismo, añaden que esta causa judicial es responsabilidad única del Equipo de Gobierno por llevar casi dos décadas sin negociar un nuevo convenio colectivo.
«Si el convenio, firmado en 2001, se hubiera revisado con periodicidad, ya reconocería este derecho», señala Martínez. También argumentan que va a ser más caro para las arcas municipales este recurso que el mero hecho de reconocer esta equiparación de derechos.
Alberto Martínez, portavoz de la formación, señala que “el Partido Popular está anclado en el pasado y no reconoce las nuevas formas de relacionarse de la sociedad española”. Por ello, cree que “si por ellos fuera, solo darían permisos retribuidos a aquellos que se casan en una iglesia”.
PSOE
El PSOE ha presentado en el registro de entrada del consistorio un escrito en que hace algunas preguntas a la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara.
«¿Por qué no se ha anexionado de oficio, tal y como han hecho los ayuntamientos de la región, el Convenio Colectivo de los Trabajadores del Ayuntamiento de fecha 2001, a la Ley de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2018 tal y como solicitó la Sección Sindical de CC.OO., con fecha 23 de abril de 2019 (Rg. entrada no5216) y de igual manera pidieron los representantes del personal laboral y funcionario.
¿No será que, el Equipo de Gobierno del Partido Popular, se opuso a negociarlo y a incluirlo? ¿Acaso esta Ley no nos obliga a todos a su cumplimiento?: “Ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir”.
Un convenio caduco
También se preguntan: «¿por qué este Equipo de Gobierno consiente tener un Convenio Colectivo caduco del año 2001 en el cual no se han incluido todos los acuerdos negociados posteriormente y por qué no se ha registrado en la Dirección General de Trabajo? ¿Sabe Ud. que esto crea inseguridad Jurídica?
¿Dónde está o qué ha pasado con el nuevo Convenio Colectivo cuya redacción se encargó a la Empresa que elaboró la RPT u otra cuyo nombre desconocemos?. Informe del Servicio de Intervención del coste de este Convenio.
El PSOE pide que se convoque a la mayor brevedad la Mesa General de Negociación que es la que tiene las competencias para que se aborden estos asuntos y se le dé solución a los mismos. La trabajadora de este Ayuntamiento no les está solicitando la equiparación de la pareja de hecho al matrimonio, «puesto que eso ya se hizo cuando se aprobó la Ordenanza de Parejas de Hecho, su art. 10 lo constata. Lo que solicita la demandante es que se le aplique la norma aprobada. Lo que no se entiende es que, quien tiene que velar porque se cumplan las normas, se abstenga de hacerlo», expresan desde el grupo de la oposición.
Esto pasa por que existe sectores de trabajadores, entre ellos funcionarios, que no se rigen por las mismas condiciones laborales que el resto de los mortales, con unos favoritismo y ventajas inimaginables para el resto, incluso sufriendo un desgaste laboral y físico infinitamente menor que cualquier otro profesional.
Este y otros sectores deberían de tener las mismas condiciones laborales, horarios, jubilación, condiciones bancarias, derechos y obligaciones que el resto de los mortales, al igual que el ayuntamiento también debería de exigirles las mismas obligaciones, derechos y sobre todo productividad que al resto de ciudadanos en cualquiera de sus empresas. Mejor funcionarían todos los organismos públicos, se daría un servicio al ciudadano con mayor calidad y agilidad que para están y para eso les pagamos.
Esto pasa por no tener en convenio colectivo del Excmo. que regulen estas cosas. El último publicado en el BORM de fecha del 2001, más de 20 años sin convenio.
Cuando sindicato que se dedican a ser «oficinas de colocación» pasa esto.
«Una vergüenza del equipo de gobierno municipal que recurra estas cosas por supuesta enemistad con la demandante»
Si el coste de los recursos lo pagaran de sus bolsillos seguro que no recurrirían tanto, como paga el pueblo, no duele.