Fue en el año 2015 cuando se aprobó la denominada Ley de segunda oportunidad en España. Solo el último año fueron 7.540 personas las que pidieron la aplicación de esta ley para exonerarse del pago de alguna deuda.
A diferencia de Estados Unidos, donde las personas tener más de una oportunidad a la hora de conseguir sus sueños, en España el tener una deuda del tipo que sea suponía hasta ahora la quiebra económica del presente y lo peor, del futuro.
Son muchos los motivos que pueden provocar que una persona pueda tener dificultades económicas que le suponga embargos y cuentas bloqueadas. Para paliar esta situación de por vida a una persona o a un autónomo en julio de 2015 el Boletín Oficial del Estado aprobó esta normativa a la que pueden acudir aquellos que se encuentren en esta situación.
Bien es cierto que la situación económica del país ha mejorado en los últimos años y que esta Ley de segunda oportunidad nació a raíz de la profunda crisis económica que se sufrió de la mano del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, sigue habiendo personas y autónomos con problemas.
Los datos oficiales apuntan a que fue la Comunidad Autónoma de Cataluña con 3.023 solicitudes donde más se aplicó a casos concretos esta normativa. En Madrid fueron 966 casos, Valencia con 832 y en Asturias 165.
Según explica Aliter Abogados, la normativa permite aquellas pequeñas empresas, particulares y autónomos acogerse a esta segunda oportunidad siempre que previamente demuestren que se ha actuado de buena fe y que antes de llegar a este punto se ha intentado un acuerdo con los acreedores para financiar la deuda o aplazarla de alguna manera
Este acuerdo entre deudores y acreedores no tiene que pasar por acudir al juzgado para arrancar un proceso judicial. Lo que hay que tener en cuenta es que el proceso se inicia con la petición de un mediador concursal que será la persona encargada de reunir al acreedor o acreedores y al deudor. El objetivo que tiene el mediador es alcanzar un acuerdo extrajudicial para que las partes no lleguen a los tribunales.
Si no existiese un acuerdo entre las partes, la siguiente parada será en el juzgado donde se establecerá un concurso de acreedores que finalizará con la cancelación de las deudas si existen unos requisitos legales establecidos en la ley.
Es importante tener en cuenta que la ley de segunda oportunidad no libra de las deudas de un particular o de un autónomo sin más. El fin final que tiene esta Ley es que haya una reestructuración del pago de las mismas. El espíritu de la ley es que el deudor y el acreedor lleguen a un entendimiento que permita ambas partes solucionar el problema económico.
Sin duda, para el acreedor el problema es hacer frente a esos pagos por lo que se pretende dar facilidades y no verse ahogado a la hora de afrontar esa circunstancia.
Para el deudor lo importante es cobrar la cantidad económica que reclama aunque sea de una manera más prolongada en el tiempo de lo esperado o con una rebaja.
