La huelga de funcionarios de Justicia sigue sin resolverse y los distintos servicios de la administración de Justicia, entre ellos el RegistroCivilMurcia, padecen las consecuencias de la parálisis.
El número de actuaciones pospuestas debido a la huelga que los funcionarios llevan a cabo desde el 16 de abril pasado, considerados como piezas clave en la administración, ha superado las 3.000, según los datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Una cifra que va a amentando cada día ante la falta de una de las piezas claves de la Justicia como son los funcionarios que trabajan en dependencias como el Registro Civil.
Las protestas de este colectivo, que exige la suspensión del trámite parlamentario de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y un aumento salarial similar al logrado por los abogados de la administración de justicia, jueces y fiscales, han resultado en el aplazamiento de un total de 3.032 actuaciones, de las cuales 1.989 corresponden a juicios, aseguran las mismas fuentes.
Impacto en el Registro Civil
Esta situación ha tenido un impacto notable en los órganos civiles y mercantiles, que han suspendido 625 vistas en las últimas semanas; en los órganos penales, con 489; y en los órganos mixtos, con 391. Además, se han dejado de llevar a cabo otras 1.043 actuaciones, como declaraciones o diligencias en el Registro Civil.
El efecto de las protestas de este colectivo, que comenzó el 17 de abril con paros parciales y se intensificó el 22 de mayo con paros totales, ha ido en aumento. Actualmente, más de la mitad de las actuaciones de los juzgados en la Región se suspenden debido a la huelga. Esta cifra se suma a las más de 13,000 actuaciones que ya quedaron en espera durante la huelga protagonizada por los abogados de la administración de justicia (LAJ) durante dos meses. Esta huelga amenaza con convertirse en la gota que colma el vaso para una administración que ha estado lidiando con la falta de recursos, una alta litigiosidad y tiempos de respuesta prolongados durante años.
Los funcionarios han dejado claro que tienen la intención de seguir adelante con sus movilizaciones, a pesar del adelanto electoral del próximo 23 de julio donde la administración de Justicia también es clave. El comité de huelga sostiene que «no existe impedimento legal» para que el Gobierno negocie con los sindicatos con el fin de «resolver» el conflicto. Considerar que el actual gobierno en funciones tiene toda la capacidad legal para negociar con ellos.
Los funcionarios critican al departamento dirigido por Llop por haber abordado por separado las negociaciones con los diferentes colectivos de la administración, resolviendo únicamente los conflictos con los LAJ y los jueces y fiscales. «Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de justicia, aquellos que reciben salarios más bajos y que aportan la mayor cantidad de trabajadores al funcionamiento de este servicio público esencial, ha sido intencionalmente postergado por el Ministerio de Justicia, sin que hasta ahora tengamos una fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de manera dialogada después de más de un mes de huelgas», declara el comunicado.
