Ya se saben algunas cifras después de que se haya puesto orden al caos que surgió al principio debido a la avalancha de expedientes presentados por las empresas. La consejería de Empleo de la Región de Murcia ha confirmado que el número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados en la comunidad autónoma ha sido de 13.643 hasta el momento. Esos ERTEs afectan a 71.530 trabajadores.
Yecla es la tercera localidad de la Región donde más ERTEs se han presentado por parte de las empresas, con 517. La mayoría son del sector del mueble, pero también se incluyen otros sectores como la hostelería o el comercio.
En total, en Yecla había hasta el pasado jueves 4.442 trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo. Algunos de ellos saldrán de la situación de inmediato y otros se pueden ir incorporando a sus empresas de forma paulatina ya que el gobierno ha flexibilizado la vuelta al trabajo.
En la Región, la consejería de Empleo ha resuelto 10.799 expedientes de ERTEs que suponen el 79,15% del total de los presentados, según explica la propia administración regional.
Flexibilidad en los ERTEs y financiación
La Asociación Regional de Empresarios del Mueble y la Madera (AREMA) ha explicado que las empresas del sector tienen la posibilidad de trabajar, pero prácticamente el 90% de ellas tienen un claro impedimento para hacerlo. Si bien en un primer momento la dependencia del exterior de algunos aprovisionamientos hizo que se encendieran las luces de alarma, ha sido el cierre posterior el que ha dejado sin vías de comercialización los productos que fabrican.
Por el momento, el comercio con las empresas del sector minorista “es totalmente inviable al estar cerradas todas las tiendas de muebles, incluyendo los centros comerciales. El canal contract se ha paralizado al cerrar todos los espacios públicos susceptibles de ser amueblados con nuestros productos: hoteles, restaurantes, tiendas, etc”, expresan desde AREMA.
El comercio exterior se ha visto reducido drásticamente al ser una crisis mundial, y fundamentalmente europea. Europa es el mayor comprador de mobiliario español y evidentemente ha decrecido su demanda.
Según el análisis de la asociación de empresarios, a nivel económico “se nos presenta una importante desaceleración del consumo privado y empresarial, acrecentado en nuestro caso al tratarse el mueble de un producto de consumo duradero. Las familias van a tener un menor poder adquisitivo, circunstancia que nos afecta de manera muy directa. Las empresas, sobre todo las dedicadas al turismo, por los datos que aportan sobre la pérdida de ingresos que están soportando, van a tener que reconducir sus inversiones en el amueblamiento de espacios colectivos, por no decir que van a tener que eliminarlas”
Los empresarios del mueble explican que carecer de un calendario claro de reapertura “nos aboca ineludiblemente a gestionar nuestros negocios a ciegas, sin poder facturar y con unas cargas sociales tremendas, por la repercusión que para este sector supone la gran cantidad de mano de obra que ocupa”.
Entre las medidas que proponen, destaca la flexibilidad en la vuelta a la actividad y la concesión de préstamos del ICO que, en la mayoría de casos, siguen sin llegar y son básicos para la continuidad de las empresas.
Propuestas concretas
AREMA ha planteado varias medidas para que el sector vuelva a reactivarse. Entre ellas, medidas para la incentivación de la demanda como la reducción en el IRPF por inversión en mobiliario, IVA reducido en los productos de amueblamiento, puesta en marcha de un “plan renove” nacional, Ayudas a la renovación, actualización de espacios colectivos: hoteles, tiendas, restaurantes…
Por otro, piden el apoyo a la exportación mediante la búsqueda de nuevos mercados y mantenimiento de clientes o mercados ya existentes. Los empresarios hablan de un apoyo para impulsar el marketing digital, así como a la venta online.
Por otro lado, reclaman la desaparición de la inseguridad jurídica motivada por los diferentes Reales Decretos y sus interpretaciones, así como por los plazos de resolución que dan como resultado aprobación por silencio administrativo y revisión posterior.
En este sentido, piden descuentos en las cotizaciones en base a la situación de cada empresa. Flexibilidad en los ERTEs por cuanto que es imprescindible poder afrontar la desescalada gestionando adecuadamente los recursos humanos de las empresas para no generar situaciones más complicadas que supondrían a la larga una pérdida de puestos de trabajo.
Medidas de apoyo laboral hasta que se recupere la actividad normal. Por ejemplo, premiando a aquellas empresas que mantengan su plantilla o que realicen nuevas contrataciones.
Apoyo a las pymes para gestionar adecuadamente la prevención de riesgos laborales derivada de situaciones como la Covid-19. Elaboración de protocolos sectoriales con el acuerdo de las empresas cuyo primer objetivo es velar por la salud de sus trabajadores, y que son las mejores conocedoras de la idiosincrasia de su espacio productivo, por lo que su aportación es crucial.
En cuanto a las medidas de carácter social, reclaman la reducción y aplazamiento en el pago de impuestos. Deducción de inversiones productivas en el impuesto de sociedades. Desgravaciones de la base imponible de la cuota por la adecuación de las industrias a las exigencias derivadas de la Covid-19.
Además, reclaman la agilización y facilitación de cobro y gestión de fondos ICO para garantizar la liquidez a las empresas en tiempo y forma.
