Las infracciones al volante se pagan caras, ya sea por la pérdida de vidas (que siempre es lo más importante) o porque te tocan el bolsillo.
Las cárceles en España muestran que la Justicia está llevando cada vez a más conductores a prisión. En la actualidad hay unas 1.400 personas que se encuentran en algún centro penitenciario al haber sido condenadas por cometer delitos relacionados con la seguridad vial en España. Eso aseguran las estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia.
Una Justicia acumula unas 80.000 condenas a conductores al año en nuestro país. De ellas, buena parte se debe a los delitos por conducir bajo los efectos del alcohol al volante. El juicio por positivo en alcoholemia es el más habitual y el que más condenas acarrea junto con el exceso de velocidad.
No todos los conductores son conscientes de las consecuencias de dar positivo en un control de alcoholemia y drogas cuando una patrulla de la Guardia Civil le da el alto y se tiene que someter a los test correspondientes. La conducción con un nivel de alcohol en la sangre superior puede ser sancionada con una infracción administrativa o como un delito penal, dependiendo de la cantidad que marque la prueba.
Si la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0.60 mg/l o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por litro estaríamos ante un delito que será remitido a un juez y determinará la pena que debe acarrear. En todo caso, el código penal establece penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, se elimina el derecho que tiene el infractor a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno año y hasta cuatro años como máximo.
En caso de dar positivo en el test de alcoholemia con una cantidad del doble los niveles permitidos, es decir, 0,50 mg/l en aire espirado (o 0,30 mg/l en el caso de los profesionales y de los conductores con menos de dos años de experiencia), puede suponer tres meses de prisión. Por su parte, las drogas no cuentan con limitaciones y su sola presencia en el organismo ya está tipificada como delito, con una sanción similar a la del caso del alcohol.
Además, por si alguno está pensando en no querer hacer los test de forma voluntaria, el negarse supone ya un positivo de forma automática. Y saltarse un control de alcohol y drogas es motivo suficiente para que la Guardia Civil de Tráfico lo considere como delito y que el juez pueda llegar a señalar una pena de prisión de entre seis meses y un año, además de la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años.
La conducción del vehículo es un acto de responsabilidad. Solo el pasado año 2020 en España se produjeron 797 accidentes mortales en los que fallecieron 870 personas en las siguientes 24 horas desde que se produjeron.
